*Por Raúl A. García Goyena
El tema de los juicios contra el Estado y los montos regulados por honorarios es un tema que ocupa y preocupa a los legisladores desde hace mucho tiempo, evidentemente cuando el Estado comete un error tiene que pagar yo también considero que además, el funcionario debe ser, como dice la Constitución, responsable porque produce una deuda que después el Estado debe soportarla. Pero llama la atención que en los juicios contra el Estado pasan cosas que del todo no son admisibles.
Paso a detallar porque: uno de los temas es la fijación de honorarios. Existe la ley de regulación de honorarios que habla de cuales son los porcentajes que en cada caso se deben regular y que incide siempre el criterio del juez, pero ahí, lo que a mi juicio es lo mas importante, es la labor profesional desarrollada porque ante un mismo trabajo no es lógico que un abogado que esté pleiteando en un juicio cuyo valor del capital sea de 10 mil pesos y le corresponda el 20% o sea 2 mil pesos y por ahí haciendo la misma presentación de trabajo un abogado en un juicio contra el Estado de 100 mil pesos gane 20 mil.
El otro criterio es que todo tiene un limite, yo recuerdo que allá por el año 2002 sancionamos una ley en la Legislatura de la provincia por iniciativa del Bloque Radical que planteaba un tope con los honorarios de los juicios contra el Estado y el criterio utilizado era decir: quien es la persona de los trabajadores que dependen del Estado que tiene mayor remuneración?: el Gobernador de la provincia, que es emblemático y es el que tiene la mayor responsabilidad en sus decisiones sobre toda una provincia; entonces decíamos que en un juicio contra el Estado no se podrá tener una regulación de honorarios mayor a 12 sueldos del Gobernador, es decir un año integro de trabajo del Gobernador.
Nos hemos reunido en el Partido con los legisladores de la Unión Cívica Radical porque vamos a impulsar una modificación en la ley de regulación de honorarios en donde vamos a plantear que el criterio que se debe tomar es el 80% parte de la decisión de un juez pensando en el perjuicio sobre toda la acción que debe concretar el Estado, en el nivel que fuera, nacional, provincial o municipal.
Nosotros sancionamos la Ley N°4.320 que impone un procedimiento para poder cobrarle al Estado, un procedimiento de cómo el Estado debe tomar previsiones en cuantos a los juicios para ser insertos en el Presupuesto de año posterior. Si se presentan antes de junio se paga con el presupuesto vigente y si se presentan después de junio se pagan con el presupuesto siguiente. Pero no se puede embargar la cuenta sueldo porque se violentan los derechos de los trabajadores que tienen derecho alimentario, que no se pueden tomar otras cuentas como las que tienen que ver con salud, educación y aspectos fundamentales de la acción social. Hay que tomar ese criterio porque una decisión en un juicio por mas justo que fuere no puede tener prioridad por sobre todos los actores en este tema.
Y quiero dar el ejemplo de lo que vivimos en la Capital que es una situación sorprendente, ingresaron dos embargos millonarios que han recaído sobre las cuentas municipales, el primero de ellos cayó sobre todas las cuentas mas allá de que el municipio hizo las gestiones para que se levantara de la cuenta sueldos.
Lo mas grave es que se impone un embargo preventivo, no existe la posibilidad de un embargo preventivo contra el Estado, si eso lo sabe un mortal cualquiera como yo, lo tienen que saber los abogados y los jueces, el Art 11 de la Constitución Nacional, pero mas allá de esto hay muchísima jurisprudencia que dejó el Superior Tribunal de Justicia y mas allá de la jurisprudencia está el criterio, el embargo preventivo solo se lleva adelante para preservar los derechos de que aquel que tiene alguna creencia sobre otro para que no pueda enajenar sus bienes y dejarlo con un juicio ganado pero sin posibilidad de cobrarlo.
Ahora, un municipio o una provincia o el estado nacional no pueden enajenar sus bienes, escaparse de la provincia e irse a otro país, esto es rayano en lo ridículo. Un embargo preventivo contra un municipio que congela fondos que no pueden ser utilizados ni por el municipio ni por los que ganan el juicio y que además genera un estrépito social, deja al municipio sin la posibilidad de brindar servicios, con huelga de sus empleados, ni tampoco para comprar combustible o insumos básicos como cemento para las obras o alimentos para los comedores que dependen del Municipio.
No se pueden tomar los bienes del Estado como bienes de viuda en los cuales, cualquiera mete la mano desaprensivamente y por lo tanto genera un perjuicio a todos pero como lo hace en forma difusa es como que se ponga el sayo a quien le corresponde en todo caso se lo debe poner el juez que firma en la causa. Creemos que uno de los mejores mecanismos es abrir la información para que los funcionarios respondan las requisitorias periodísticas, sobre el tema que sea, en el momento que se está televisando su cara para que todo el mundo sepa quien es de la misma forma que un funcionario o un empleado del municipio o un gobierno provincial o nacional, deben presenciar huelgas, movilizaciones y reclamos, así también en definiciones judiciales es justo que la gente sepa el nombre de los jueces que toman las decisiones.
Es derecho de la ciudadanía pedirles, con respeto, a los jueces que piensen en el impacto en las miles de personas que afectan con sus definiciones judiciales.
